Iván González Sáiz, responsable de la asesoría jurídica de la asociación de vecinos ZOES, explica los detalles de todos los procesos abiertos tanto en las entidades bancarias como en los Juzgados
Continúan los afectados buscando información con el fin de tomar la decisión correcta. Y por desgracia, nadie puede darle seguridad absoluta sobre el futuro de su dinero. Ni los trabajadores de las entidades bancarias, que están estos días en las oficinas hasta las nueve de la noche llamando a los afectados para contarles las virtudes de un plan inmaduro, volátil, difícil de defender.
Con un plazo límite, el 20 de diciembre de 2013, que se prorrogará, porque los resultados no han sido los planeados, y necesitan más tiempo para subir ese porcentaje de resignados. Ni los abogados, que animamos a la reclamación judicial, con el apoyo de manifestaciones como las vertidas esta semana por el Juez titular del Juzgado especializado en Preferentes y Subordinadas de Cantabria, Don Luis Sánchez Gall, juzgado en el que también se llevan demandas contra Caja España y Caja Duero, y que afirma, “habremos hecho unas 30 o 40 sentencias y sólo una es desestimatoria”, pero no todos los afectados tiene el apoyo judicial.
Lo dicho, el plan judicial es más claro, más fácil de explicar, más fácil de entender, con más posibilidades de éxito, pero nunca seguro. Y esta ciudad de Salamanca necesita una Audiencia Provincial que unifique criterios, lo que no existe a la fecha.
